¿La Administración está lanzando un proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente "emprendedor"?
He esperado hasta el último momento para entregar esta tarea, en parte, porque no encontraba ningún proyecto de reciente creación en el ámbito autonómico en el que la administración fuese el agente emprendedor del mismo.
Y la espera ha valido la pena pues se acaba de publicar la noticia de que el Gobierno de Canarias ha creado un Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible con la participación de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna de Tenerife.
Este Centro de Innovación surge con la idea de aprovechar todo el potencial de las investigaciones que se llevan a cabo en ambas universidades con el fin de ponerlas al servicio de la implantación de los ODS de la Agenda Canaria 2030.
Se trata de una magnífica idea, la de aprovechar todo ese conocimiento, que no nos olvidemos, se genera gracias a la financiación pública, y aplicarlo de una manera práctica para encontrar soluciones que nos ayuden a la consecución de esos objetivos.
Y la participación pública como agente emprendedor no se limita al convenio entre el Gobierno Canario y las Universidades, sino que también hace partícipe a dos entidades tan importantes como son la FECAM (Federación Canaria de Municipios) y la FECAI (Federación Canaria de Islas)
¿De qué manera el sector publico adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?
En este caso el sector público no solamente es impulsor, sino actor único de la iniciativa. Ha sido la alianza entre diversos organismos públicos lo que ha dado vida a este proyecto.
¿Podría esta iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?
Es evidente que un proyecto de esta envergadura y características hubiera sido imposible sin la participación del sector público, especialmente porque los recursos económicos que supone la investigación y su posterior aplicación al servicio del ciudadano, son tan elevados, que hubiese sido impensable llevarlo a cabo por entes privados, en los que lo que prima es la obtención de un beneficio económico.
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